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Quiénes somosLa Organización Internacional para las Migraciones (OIM) forma parte del Sistema de las Naciones Unidas y es la organización intergubernamental líder que desde 1951 promueve una migración humana y ordenada para beneficio de todos, con 175 Estados Miembros y presencia en 171 países.
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Nuestro TrabajoComo organización intergubernamental líder que desde 1951 promueve una migración humana y ordenada, la OIM juega un rol clave apoyando el logro de la Agenda 2030 por medio de diferentes áreas de intervención que conectan la asistencia humanitaria con el desarrollo sostenible.
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Proteger los derechos humanos: una estrategia fundamental para abordar la migración climática
Cada 5 de junio, desde 1973, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del entorno natural, fomentar la acción política y motivar a las personas a desempeñar un papel activo en el desarrollo sostenible y equitativo. Esta fecha nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre los impactos cada vez más evidentes del cambio climático en los patrones de migración y desplazamiento.
En las Américas y el Caribe, datos proporcionados por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, indican que solamente en 2022 se registraron 2.6 millones de nuevos desplazamientos internos por desastres, debido principalmente a eventos como tormentas e inundaciones. La movilidad en contextos de cambios ambientales es una realidad que afecta a millones de personas. Desde las selvas cada vez menos húmedas de la Amazonía hasta las erosionadas costas del Caribe, nadie está exento de sus impactos.
Hacer frente a esta situación requiere, obligatoriamente, la integración de una perspectiva de derechos humanos en el abordaje de la movilidad ambiental. No sólo porque pone a las personas migrantes y desplazadas en el centro de las preocupaciones, sino también, porque visibiliza los derechos que podrían ser vulnerados debido a los impactos de los cambios ambientales y los procesos de movilidad.
A pesar de la falta de una convención específica que aborde los derechos de las personas migrantes ambientales, hemos alcanzado hitos significativos en términos de protección y movilidad ambiental. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales emitieron la Resolución 3.21 sobre emergencia climática, estableciendo responsabilidades de los Estados en esta materia. Además, en enero de 2023, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, demostrando la necesidad de una acción legal más contundente e integrando preguntas específicas en términos de movilidad.
Para abordar adecuadamente la movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos, debemos prestar atención a una serie de elementos claves. En primer lugar, es fundamental reconocer la vulneración de los derechos sociales y ambientales provocada por los fenómenos ambientales adversos, como la pérdida del acceso al agua debido a la sequía o la erosión costera que amenaza la vivienda digna de las comunidades afectadas. Estas vulneraciones pueden derivar en procesos de desplazamiento y migración.
La dimensión de género también desempeña un papel crucial, ya que los impactos del cambio climático afectan de manera diferenciada a hombres, mujeres, niños, niñas y grupos diversos. En el Caribe y en Centroamérica, por ejemplo, hemos observado cómo los desastres ambientales tienen un impacto desproporcionado en el acceso al agua y en la carga de trabajo de las mujeres y las niñas.
Además, debemos garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas en relación con proyectos de prevención de desplazamiento, proyectos de mitigación o reubicación planificada. Este derecho, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, respalda la participación y el respeto hacia estas comunidades.
Finalmente, es importante recordar que necesitamos soluciones integrales que involucren a múltiples actores en la protección de los derechos de las personas migrantes, tanto internas como internacionales, en contextos de desastres, degradación ambiental y cambio climático. La colaboración entre actores gubernamentales, organizaciones internacionales y la sociedad civil es crucial para garantizar una respuesta efectiva.
No podemos negar que los gobiernos de las Américas y el Caribe han avanzado en la protección de las personas migrantes ambientales. Sin embargo, hacen falta nuevos desarrollos que cubran los aspectos mencionados, y el reloj del cambio climático, lejos de detenerse, parece acelerar.
Editorial escrita por Pablo Escribano. Especialista Temático Regional de la OIM, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Puede acceder a la nota de opinión publicada en El Universal haciendo click aquí.