San José- Un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en América Central y México analizó el impacto de la pandemia por COVID-19 en los flujos migratorios relacionados con este delito. Los principales hallazgos apuntan a que el tráfico ilícito ha continuado desarrollándose, aunque los flujos han disminuido desde inicios de 2020.

El tráfico ilícito de migrantes, es decir, el traslado irregular de personas a través de una frontera internacional constituye una de las actividades criminales más lucrativas del mundo. La movilidad global se vio completamente afectada durante la pandemia por COVID-19, como evidente efecto de las medidas adoptadas por los Estados en cuanto a las restricciones y cierres de fronteras. Sin embargo, el “contrabando de personas” a través de México y Centroamérica nunca se puso “en cuarentena”.

El estudio no halló evidencia de que el crimen organizado haya tomado control del tráfico ilícito de migrantes, enfocándose en su lugar en el traslado ilícito de drogas, medicamentos y otros artículos. Por el contrario, se halló que prevalece el tráfico de subsistencia, practicado por habitantes de áreas fronterizas que se han visto empobrecidas debido a la reducción de oportunidades de empleo y a la pérdida de ingresos causada por las restricciones impuestas a la movilidad y al comercio.

El tráfico ilícito de migrantes, explica el estudio, es practicado por hombres y mujeres que dependen en economías informales locales como fuente de ingreso. Se advierte un incremento de la participación de niñas, niños y adolescentes que, al residir a lo largo de franjas fronterizas, utilizan sus conocimientos de rutas escondidas para facilitar la migración irregular.

Los hallazgos incluyen información sobre cambios en demanda, precios y organización de los servicios ofrecidos por traficantes. La carencia de recursos para cubrir las cuotas impuestas por los grupos de traficantes obliga a las familias migrantes a hipotecar sus tierras o vender sus propiedades, siendo presa no sólo de traficantes sino también de prestamistas.

El estudio también explora los retos a los que se han enfrentado las instituciones para dar respuesta al tema en un contexto en el que sus recursos y operaciones se vieron directamente afectados.

“Una de las recomendaciones de este estudio es integrar a las comunidades involucradas en el tráfico ilícito de migrantes en las estrategias de recuperación socioeconómica, para diversificar sus fuentes de ingreso y las alternativas de subsistencia”, dijo Alexandra Bonnie, coordinadora del Programa Regional sobre Migración de la OIM. “Los Estados deberían reconocer que un acceso disminuido, dificultoso o inadecuado a alternativas legales y seguras a la migración irregular impulsa la demanda de servicios de migración irregular, lo cual a su vez pone a las

personas migrantes sistemáticamente en riesgo. Bajo un enfoque integral, la lucha contra este crimen debería verse como un aspecto más de la gobernanza de la migración”.

El estudio se desarrolló entre julio y agosto de 2020, con una metodología cualitativa, descriptiva y exploratoria. Los métodos incluyeron revisión documental, observación de campo y entrevistas con personal clave de gobiernos y organizaciones internacionales.

El estudio se presentó el miércoles 17 de febrero, ante representantes de los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT).

Este estudio se desarrolló en el marco del Programa Regional sobre Migración de la OIM, con financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de la OIM.

Consulta el estudio completo (en español) y el resumen del mismo en inglés.