Marcelo Pisani 

19 Julio 2022

Entre 1998 y 2020, los fenómenos climáticos y geofísicos causaron 312.000 muertes y afectaron directamente a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe, según el informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los impactos del calentamiento global no se vislumbran solo en el futuro, sino también en el presente, y además se ven multiplicados por las características de la región. En palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), esta situación se ve amplificada por la desigualdad, la pobreza, el crecimiento poblacional, la ocupación de lugares de alto riesgo y la elevada densidad, así como también, en algunos casos, la falta de una planificación sostenible de la explotación de los recursos naturales.

El cambio climático tiene una influencia clara en la movilidad humana en la región, en particular dentro de las fronteras de los países. Solo en 2021, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno registró más de 1,6 millones de nuevos desplazamientos por desastres en las Américas, una cifra que ascendió a 4,5 millones en 2020. Para el año 2050, el Banco Mundial cifra en 17 millones el número potencial de migrantes climáticos en América Latina si se cumplen los escenarios más pesimistas.

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe, organizada por ONU Cambio Climático en Santo Domingo (República Dominicana) del 18 al 22 de julio de 2022, representa una ocasión ideal para evaluar el progreso realizado en la región en términos de mitigación y adaptación al calentamiento global. Aunque las propuestas existen, los resultados concretos son limitados, siendo necesarios más esfuerzos para asegurar una transición exitosa hacia economías más verdes, resilientes y sostenibles, que protejan a las poblaciones más vulnerables.

La Semana del Clima, además de un evento sobre cambio climático, debe ser un encuentro sobre las sociedades de la región, sobre cómo enfrentan situaciones cada vez más complejas y sobre cómo la comunidad internacional debe apoyar en esta tarea. Entre la tecnicidad de los debates se destaca la necesidad de poner de relieve el rostro humano del fenómeno: el de las personas y comunidades que sufren los embates de amenazas cada vez más severas que afectan a los medios y las condiciones de vida a lo largo y ancho de la región.

Muchas de estas personas recurren a la migración como mecanismo de respuesta ante los desastres, la degradación ambiental, la pérdida de medios de vida y los impactos adversos del cambio climático.

Los desplazamientos masivos registrados en Perú en 2017 provocados por El Niño, la movilidad de comunidades amazónicas que enfrentan incendios cada vez más devastadores, la persistente sequía en la zona central de Chile, las inundaciones que afectaron el noreste brasileño a finales de 2021 o la necesidad de reubicar poblaciones costeras afectadas por la subida del nivel del mar son algunos de los ejemplos que reflejan sociedades en movimiento en contextos de amenazas ambientales.

La migración no es solo un resultado de la falta de adaptación a estas situaciones. También contribuye al desarrollo y la resiliencia de las comunidades de origen y de destino. Los esfuerzos para prevenir la migración forzada deben complementarse con el desarrollo de vías de migración segura y regular para personas afectadas por desastres súbitos y graduales, como lo recomienda el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, principal acuerdo global en materia migratoria.

América del Sur representa un espacio de innovación en la búsqueda de soluciones a estas cuestiones tan complejas. Los países de la región han avanzado en estrategias novedosas para abordar los impactos del cambio climático en la movilidad humana. Desde el desarrollo de planes de acción y alineamientos nacionales sobre migración climática, hasta la reubicación de poblaciones en zonas de riesgo, pasando por la creación de visas humanitarias para las víctimas de los desastres.

No podemos, sin embargo, cesar en la ambición de fortalecer el trabajo junto a las comunidades y las personas en movimiento más vulnerables para avanzar en acciones que aseguren su protección bajo la óptica de los Derechos Humanos, los alineamientos del Pacto Mundial para la Migración y en apoyo a la concreción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para esta labor, la coordinación entre los diferentes actores, el intercambio de experiencias y el apoyo de la comunidad internacional es fundamental. Desde la Organización Internacional de las Migraciones hemos señalado que las negociaciones climáticas son un espacio fundamental de discusión para integrar la cuestión migratoria, bajo la premisa de que no es posible emprender una acción climática sin abordar las consecuencias del calentamiento global en la movilidad humana.

Tanto en la Semana del Clima, como en las preparaciones hacia la edición 27 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) que se reunirá en Egipto en noviembre de 2022, resulta crucial integrar las perspectivas de las poblaciones migrantes, sus necesidades y sus capacidades.

Las migraciones climáticas en América del Sur son tan variadas como las circunstancias en las que se producen: no migran de la misma manera poblaciones del Caribe, de los Andes, de la Amazonía o del Chaco. Todos estos movimientos nos recuerdan que se requiere actuar con urgencia en la mejora de las políticas y con una mayor ambición y contundencia para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

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